Origen histórico
El concepto de Monte de Utilidad Pública nace en el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal (1836) y la posterior Ley de Desamortización Civil de Pascual Madoz (1855). La privatización forzada de muchos montes comunales del clero y de los municipios generó procesos de deforestación rápidos y dañinos para la regulación hídrica y la conservación del suelo. Como respuesta, en 1862 se creó el primer Catálogo de Montes Exceptuados de la Desamortización, que conservaba para la administración los montes con función protectora más relevante.
Aquel catálogo evolucionó al Catálogo de Montes de Utilidad Pública que rige hoy. La protección que otorga el catálogo es permanente y casi inalienable: para descatalogar un monte se requiere expediente administrativo justificado y declaración expresa que excepcionalmente quita su categoría protectora.
Quién es el titular de un MUP
Los Montes de Utilidad Pública son siempre de titularidad pública, repartidos entre varios tipos de propietarios:
- Estado: a través del Patrimonio del Estado o del organismo gestor correspondiente (en muchos casos el OAPN para montes dentro de parques nacionales).
- Comunidad autónoma: titular de una parte de los montes catalogados; en la cornisa cantábrica, en cambio, predominan los montes de los pueblos.
- Diputación Provincial: en algunas comunidades conservan titularidad histórica relevante.
- Ayuntamiento: muchos montes municipales con función ganadera tradicional son MUP de titularidad municipal, especialmente en Castilla y León, Aragón y zonas de la Cordillera Cantábrica.
- Entidades locales menores (juntas vecinales y concejos): en Cantabria son las principales propietarias de los montes catalogados.
La gestión efectiva puede no coincidir con la titularidad: muchos MUP de titularidad municipal están gestionados por la comunidad autónoma a través de convenios. Esta dualidad explica que las competencias administrativas para autorizar actividades a veces requieran la firma de dos administraciones.
Régimen jurídico relevante para el senderista
El régimen jurídico del MUP fija varias normas con efectos directos sobre el senderismo:
- Imprescriptibilidad: no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva (uso reiterado durante años) ni siquiera caminos. Es una garantía del dominio público, no un régimen de los caminos: que un sendero esté balizado por una federación no le da por sí solo ningún estatus jurídico.
- Inalienabilidad: no se pueden vender ni permutar salvo expediente especialísimo.
- Inembargabilidad: no se pueden embargar por deudas de la administración titular.
- Usos públicos: la ley no menciona el senderismo, pero permite a la administración gestora dar carácter público a los usos respetuosos con el medio natural que se hagan sin ánimo de lucro (artículo 15 de la Ley 43/2003), y caminar suele entrar en esa categoría. La caza, la madera o las setas son aprovechamientos que se regulan aparte, y la normativa autonómica puede exigir autorización para las actividades que lo requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad.
Pasar por un MUP caminando es una cosa y pasar la noche en él es otra distinta: la acampada y el vivac no están entre los usos compatibles por defecto y su régimen depende de la comunidad autónoma y, si el monte está además dentro de un espacio protegido, de su propio plan rector. El detalle comunidad por comunidad está en la guía de acampada libre y vivac legal en España.
El balizamiento de senderos en MUP
Muchos senderos GR y PR de España atraviesan Montes de Utilidad Pública. Para balizar un sendero (pintar las marcas blanco-rojas de GR o blanco-amarillas de PR) en un monte catalogado hace falta la autorización de la administración que lo gestiona, y el procedimiento concreto lo fija cada comunidad autónoma.
Cuando un sendero balizado pasa por monte privado, lo habitual es que esté en servidumbre histórica documentada o que exista convenio específico con el propietario. La diferencia jurídica explica por qué algunos senderos populares no llegan a estar balizados: si la federación no consigue convenio con el propietario privado, la vía se queda sin homologar ni balizar como sendero oficial.
Las cifras del catálogo español
- 11.359 montes catalogados a fecha de las últimas estadísticas del MITECO.
- 7 millones de hectáreas de superficie total, aproximadamente el 14 % del territorio nacional.
- Mayor concentración en Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria.
- El peso del catálogo varía mucho entre comunidades: en Cantabria los 483 montes catalogados ocupan cerca de la mitad del territorio, según el Gobierno de Cantabria, y en La Rioja suman unas 204.000 hectáreas, alrededor del 40 % de la comunidad.
MUP vs otras figuras
No conviene confundir el MUP con las figuras de espacios protegidos (parques nacionales, parques naturales, Red Natura 2000):
- El MUP es categoría jurídica forestal que protege un monte concreto y su funcionalidad.
- El parque nacional o parque natural es categoría de espacio natural protegido que protege un territorio amplio independientemente de la titularidad.
- La Red Natura 2000 es categoría ecológica europea que protege hábitats y especies independientemente de la titularidad y del régimen forestal.
Frecuentemente las tres categorías se solapan sobre un mismo territorio. Un monte titularidad de la Junta de Castilla y León, catalogado como MUP, declarado como ZEC y ubicado dentro de un parque natural acumula protección por tres marcos legales distintos. Para el senderista esto suele ser bueno (más garantía de conservación) sin generar fricción adicional en el acceso habitual.